Adjunto el link a la Declaración por el Grito de los Excluidos/as Continental, convocado para el 12 de octubre próximo.
En los primeros días de septiembre estuve en Buenos Aires participando del XXVII Congreso de ALAS (Asociación Latinoamericana de Sociología), en el Grupo de Trabajo 01, sobre Ciencia, Tecnología e Innovación.
Me resultó muy evidente que la forma en que se están pensando estos temas en Sudamérica es bastante diferente a lo que sucede con aquellos países donde todavía tiene una relevancia indiscutible el neoliberalismo (y en ese sentido Chile sigue siendo una isla).
En Sudamérica se siente el peso del proyecto brasileño de desarrollo y también de la mirada venezolana. Con esto quiero decir que hay una interpretación mucho más crítica de las relaciones entre desarrollo, empresas, universidades e innovación tecnológica.
La mirada de Renato Dagnino, y el desarrollo del concepto de “Tecnología Social”(ver: aquí y acá), debe tenerse muy presente. No se trata de aplicar el modelo de desarrollo y de innovación tecnológica capitalista por políticos de izquierda, se trata de que la izquierda desarrolle su propio modelo de relación con la tecnología y de otras posibilidades de desarrollo nuevas que tengan en cuenta las consecuencias sociales y ambientales que implica su uso en una economía global.
Debe reconocerse de una vez por todas que aplicar modelos de desarrollo e innovación tecnológica tal como se propone desde el norte es simplemente subordinar las posibilidades de crecimiento y el potencial de nuestras sociedades. No puede seguirse en la lógica de copiar modelos europeos y norteamericanos, claramente en crisis y que finalmente lo que buscan es prolongar las experiencias de colonialidad y de dominación sobre nuestras sociedades.
Una de las ideas fuerza que me queda tras la experiencia del ALAS es la existencia de la heterogeneidad estructural de las relaciones sociales que lucha contra un modelo de sociedad que quiere imponer la homogeneidad económica, política y cultural. Al menos la posibilidad práctica e intelectual de actuar y pensar sobre esto sigue abierta.
Les dejo una copia de unaversión más extensa de mi presentación en ALAS que se puede descargar aquí:
A partir de mi última estadía en Chile el mes pasado y especialmente de las notas que tomé en el Seminario de la UCT sobre la Aplicación del Convenio 169 de la OIT, quiero comentar sobre dos procesos que se van a hacer muy relevantes en los próximos años. Las posibilidades prácticas de aplicación del Convenio como una vía política y legal para afrontar la situación del pueblo mapuche; y las crecientes demandas de autonomía alimentadas por las reacciones producidas tras el asesinato del comunero Jaime Mendoza Collio.
Ambos procesos son inseparables, conviven en un mismo tiempo, y evidentemente la tensión que se ha producido en las últimas semanas hace pensar en la imposibilidad de la aplicación del Convenio por la falta de voluntad política de las autoridades de turno, especialmente pensando en el giro a la derecha que está dando el país. El Convenio tiene claramente una dimensión política y que depende de la voluntad de las autoridades respecto a “hasta dónde llegar” en su aplicación, un tema muy relevante al pensar en la ejecución de proyectos empresariales y de infraestructura que afecten a las comunidades: ¿tendrán estas posibilidad de vetar los proyectos o sólo se hará un consulta simbólica que no impedirá la ejecución?
Va a ser muy importante, todavía dentro del ámbito político, la comparación entre la aplicación del Convenio y otros acuerdos internacionales de corte económico. ¿Qué derechos se defiende y hasta dónde llega la participación de los grupos económicos en la toma de decisiones? ¿Los derechos de quién terminan siendo más relevantes? Es evidente que la aplicación efectiva de cualquier acuerdo internacional va a beneficiar los derechos de algunos y a perjudicar los derechos de otros, el asunto es saber si finalmente hay un cambio efectivo en las relaciones de poder tras la entrada en vigencia del Convenio ahora en septiembre.
La otra dimensión del convenio, tal vez la más relevante, es que abre la vía judicial para la defensa de los derechos de los pueblos indígenas. Ya no se trata exclusivamente de la aplicación de políticas, sino también de que esas políticas que se contrapongan a las demandas y necesidades culturales de los pueblos indígenas, sean cuestionadas y revocadas judicialmente. El problema desde esta perspectiva (y es algo que le sucede a todo el mundo no únicamente a los indígenas) es el desconocimiento de los propios derechos, porque si no se conoce lo que se puede hacer legalmente en defensa de los propios derechos es casi como si esos derechos no existieran: hay que generar mecanismos, entonces, para que pasen del papel a la realidad.
La otra perspectiva, como decía antes, alimentada por las tensiones de la realidad social, es la demanda autonómica. Es importante precisar que el pueblo mapuche no tiene un liderazgo único, ya que en realidad una de sus características principales ha sido siempre la existencia de liderazgos locales, y que muchas veces tienen demandas contradictorias entre sí (entre otras cosas, este es un elemento que dificulta encontrar una solución política al conflicto).
En este sentido, las demandas de autonomía también son diversas. Tal como se discutión en el seminario, éstas van desde el básico reconocimiento constitucional hasta la libre determinación, pasando por demandas intermedias como mayores niveles de participación política y control sobre decisiones políticas, sociales, culturales y económicas en el ámbito local. Cualquiera de estas perspectivas entra en conflicto con el modelo clásico de estado unitario que se niega a reconocer que por sobre l
a igualdad de derechos hay una diversidad cultural y unas relaciones interculturales que afectan profundamente esas posibilidades igualitarias.
La demanda de autonomía es por tanto una vía que contradice no sólo la idea de un estado tradicional unitario, sino también el tipo de relaciones sociales, culturales y económicas que hay tras ese modelo. En realidad, precisamente uno de los puntos claves en la incomprensión de las demandas de los mapuches tiene que ver con los prejucios raciales que están implícitos en la lógica del mercado: El valor del trabajo y de la propiedad, que se sitúan como los valores correctos a seguir, y que en gran medida son opuestos a la valoración cultural de la tierra: Una relación que no implica control sobre el entorno.
Sea cual sea el camino a seguir, esperemos que al menos no tengamos que lamentar más muertes en el futuro.