“El 15 de febrero El País publica una noticia referente a la explotación laboral y el trabajo infantil que se desarrolla en algunas empresas subcontratadas por Apple. Una de esas empresas es la china Foxconn, en la que, según informa Apple ha superado esos problemas. Según señala el diario, Apple “ha felicitado a la compañía china por haber tomado una serie de medidas entre las que se encuentran el fichaje de psicólogos, la apertura de un centro de acogida y la instalación de protecciones en los edificios para impedir ‘los suicidios impulsivos’”. Ahora, con psicólogos y protección en el edificio, ya pueden ser explotados sin que los chinos se suiciden.”

Visto en Perlas Informativas de Febrero de Pascual Serrano

Ya sabemos que fuera de ella los medios de comunicación tradicionales como la televisión y la prensa escrita son sometidos a fuertes procesos de censura o más sutilmente a un uso selectivo y tendencioso de la información. No se puede explicar  de otro modo que en los medios de comunicación chilenos nunca se hable en extenso de los Foros Sociales Mundiales, por ejemplo. Un excelente análisis de lo que hace esa prensa se puede encontrar en Pascual Serrano y su Blog, quien analiza especialmente la prensa española y su tendencia contra la nueva izquierda latinoamericana. En la mayoría de los casos estas formas de censura se deben a alianzas entre sectores políticos y grupos económicos, como sucede con Piñera en Chile o Berlusconi en Italia, o Macri en Argentina.

IMAGEN: CENSORSHIP (REMIX) DE PAUL G

En países como los nuestros, donde la mayor parte de los sucesos políticos internos no tienen impacto internacional, se ha ocupado con frecuencia a internet como mecanismo para romper la censura o la desinformación, por ejemplo, en Chile, respecto a la huelga de los trabajadores de farmacias Ahumada, o respecto a los actos de violaciones de los derechos humanos contra población indígena en la Araucanía y más recientemente en Rapa Nui. Campañas o solicitudes de difusión a través de Facebook o Twitter han tenido la capacidad de revelar lo que el poder quiere ocultar.

Otra cosa, sin embargo, es lo que ha ocurrido con Wikileaks, ya que afecta directamente a Estados Unidos y sus todavía vigentes intereses imperiales por el mundo. Internet y sus servicios cada vez más privatizados se ha mostrado servil con el poder y se han aplicado mecanismos de censura ya disponibles pero nunca utilizados a esta escala con anterioridad. Más fácil de hacer si pensamos que la mayoría de las empresas de moda en internet y las que manejan su dimensión técnica son de origen estadounidense, y no es lógico pensar que esa tendencia vaya a cambiar en el futuro. Examinemos brevemente lo que ha ocurrido:

Ataques DDOS: Mediante este tipo de acciones se satura el ancho de banda del servidor donde está alojada una página de internet. Esto se realiza mediante software que envían miles de peticiones a un servidor de internet para visitar una página hasta que se sobrepasa el ancho de banda y la página se cae. Generalmente es utilizado como medio de protesta contra los contenidos de paginas web, más detalles aquí. Hay que decir que partidarios de Wikileaks también están empezando a utilizar este tipo de ataques contra quienes le han negado servicios a la organización.

Negar el Servidor: Las páginas de internet están alojadas en servidores, los que le otorgan el espacio para colgar los archivos que se pretenden difundir. En este caso Wikileaks tenía alojados sus contenidos en Amazon y esta empresa que habría recibido presiones del gobierno de Estados Unidos, dejó de otorgar el servicio. Lo mismo ha sucedido con otros servidores que con anterioridad o posteriormente ha contratado esta organización.

Negar la DNS: Las direcciones de internet en realidad están expresadas en una serie de números y puntos. Para facilitar el acceso sin tener que digitar los números, otras empresas proveen de un nombre con palabras, como “wikileaks.org”. La empresa EveryDNS dejó de otorgar este servicio y como mencionaba ayer, la única forma de acceder a la página es a través de la serie de números (si es que el servidor está disponible).

Negar acceso a Recursos: Una de las cosas que más a costado afianzar en internet es realizar transacciones económicas en línea. Sin embargo a través de tarjetas de crédito y otros servicios ésta se ha facilitado. Respecto a Wikileaks, primero Paypal y más recientemente VISA y Mastercard han negado el servicio a Wikileaks.

“Filtrar” : Otras empresas especializadas en compartir contenidos están bajo sospecha de estar filtrando contenidos, que en realidad es una forma maquillada de decir censura. Se había acusado a Twitter pero la empresa lo desmiente.

Podemos imaginar que en los próximos días surgirán nuevas formas de ataque, utilizando nuevos mecanismos tecnológicos que la misma red posibilita y también a través de ilegitimas presiones contra las empresas y organizaciones que administran internet.

Es evidente la necesidad, una necesidad urgente, de buscar mecanismos alternativos para evitar la censura y la presión sobre organizaciones privadas y públicas que controlan internet. Una de esas propuestas todavía en pañales es generar un servicio DNS distribuido a través del sistema P2P que impediría la acción de los gobiernos y las presiones sobre la ICANN, que potencialmente podría hasta negar el DNS a Wikileaks.

Insisto en lo que he planteado antes. Muchas personas piensan que internet tiene poca relevancia respecto al mundo real, sin embargo, creo que no es posible negar que eso cambia a pasos gigantes a cada día. El problema es que hemos dejado que las decisiones de cómo funciona este mundo virtual quede en manos privadas, lo que se discute muchas veces a puertas cerradas entre empresas y políticos. Si no nos preocupamos de la censura virtual, estamos aceptando la censura en el mundo real también.

Abajo les dejo las direcciones IP desde las que se puede acceder directamente a la página de Wikileaks, ayuden a difundirlas:

• http://213.251.145.96.nyud.net/
• http://46.59.1.2/
• http://46.59.1.2.nyud.net/
• http://79.159.1.172/wikileaks/
• http://85.88.21.139/

Acá otras formas de ayudar.

Los cientistas sociales y académicos de la educación superior de cuatro universidades del sur de Chile, abajo firmantes, deseamos expresar nuestra opinión por la situación que atraviesan desde hace más de 50 días 34 presos mapuche en huelga de hambre en las cárceles de Concepción, Temuco, Angol, Lebu, Valdivia y Chol Chol.

Como académicos sensibles y solidarios con las demandas y aspiraciones del pueblo mapuche, así como de la sociedad chilena en general, deseamos manifestar nuestra más profunda preocupación por la vida de estas 34 personas que, a través de una práctica de no violencia activa, solicitan el fin de la aplicación de la ley antiterrorista que en Chile se ha aplicado principalmente a los mapuche; el derecho al debido proceso; la limitación de la justicia militar, entre otras demandas.

Estamos convencidos que la situación actual del pueblo mapuche y sus demandas son ecos de una situación de injusticias históricas así como a la reiterada falta de comprensión intercultural y a la lógica de negación del que ha sido objeto por parte del Estado, de la sociedad chilena y de sus instituciones. Todas las investigaciones que los cientistas sociales llevamos adelante en la macrorregión sur permiten demostrar el modo concreto en que se han llevado adelante estos procesos de negación y subordinación del pueblo mapuche a través de una larga historia de desencuentros.

Asimismo, esta situación sociohistórica se torna mucho más compleja en la medida que el modelo económico predominante no se ajusta o es contrario a las dinámicas específicas de las comunidades indígenas, obligándolas a vivir de un modo marginal y en situación de pobreza estructural, o en su defecto a buscar en la migración la solución particular a esta situación de pobreza endémica. Con esto la sociedad global pierde la oportunidad de que parte de sus habitantes contribuyan al desarrollo democrático y justo de este país.

Desde hace algunas décadas asistimos en estas regiones a un proceso de creciente organización de las comunidades mapuche, lo que permite avizorar nuevos modos de liderazgo y participación política que son esenciales para una superación de la situación de pobreza, así como acontece entre todos los pueblos indígenas de América Latina, y tal como lo reconocen la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la OIT, ambos instrumentos suscritos por el Estado Chileno.

Distintas instancias internacionales y nacionales, como la Relatoría de Naciones Unidas sobre Derechos y Libertades Fundamentales de los Pueblos Indígenas, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y sus órganos de tratados y el recién creado Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile, han planteado la necesidad que el Estado chileno reconozca y respete los legítimos derechos de los pueblos indígenas en Chile, así como la necesidad de no criminalizar la protesta social mapuche, como lo demandó el Relator Especial de Naciones Unidas Rodolfo Stavenhagen tras su visita del año 2003.

Por lo mismo, una situación histórica tan compleja como la vivida en estas regiones, en sus dimensiones económicas, políticas y culturales, no puede intentar resolverse por medio del uso de instrumentos jurídicos, como la ley antiterrorista, que no son adecuadas ni para la sociedad chilena ni para las movilizaciones y demandas de los pueblos indígenas.

Consideramos que es tiempo de avanzar hacia un Estado profundamente democrático que al celebrar sus 200 años de vida republicana que se reconozca como un país multicultural. Y en este sentido reconocer los derechos de los pueblos indígenas sobre sus tierras y territorios ancestrales, en particular sus demandas de participación política, consulta y autonomía cultural, y económica como otros países democráticos lo han asumido. En este sentido, la estructura jurídica nacional necesita avanzar en los lineamientos propios de una “política del reconocimiento”, que busque fortalecer los derechos universales y diferenciados de las personas y comunidades.

Reafirmamos que los pueblos indígenas de Chile, y los mapuche en particular, sean reconocidos en su aspiración a vivir en una país multiétnico, exentos de discriminación y exclusión, donde se les reconozcan sus derechos específicos, su historia y conocimientos ancestrales, sus formas de vida y sus proyectos políticos, económicos y sociales.

Como académicos sostenemos que en este Chile del Bicentenario es fundamental que la sociedad y el Estado chileno se abra al reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas porque sólo de esta manera lograremos construir una sociedad chilena efectivamente democrática, basada en la diversidad y donde la diferencia sea un valor y no un estigma negativo muchas veces basado en la discriminación.

Hacemos un llamado urgente a las autoridades, a los poderes del Estado, a los pueblos indígenas y a todas las instituciones y organizaciones civiles para que agoten todas las alternativas posibles que lleven esta situación tan extrema a buen término. Convocamos a los distintos actores a sumarse a una mesa de trabajo con el fin de encontrar puntos de acuerdo. Es hora de dialogar, está de por medio el respeto a la vida, la dignidad de las personas y los derechos fundamentales consagrados en la normativa nacional e internacional.

Los académicos y académicas firmantes

Karen Alfaro Monsalves, historiadora

Andrea Aravena, antropóloga.

Álvaro Bello, antropólogo

Marcelo Berho, antropólogo

Wilma Bragado, antropóloga

Noelia Carrasco, antropóloga

Carlos del Valle, periodista

Fernando Díaz, teólogo

Carla Donoso O., antropóloga

Juan Jorge Faundes, abogado

Jaime Flores, historiador

Yanko González, antropólogo.

Debbie Guerra, antropóloga

Alejandro Herrera, antropólogo

Fabien Le Bonniec, antropólogo

Rosamel Millamán, antropólogo

Roberto Morales, antropólogo

Jorge Pinto, historiador

Maria Pia Poblete, antropóloga

Claudio Robles, historiador

Nabil Rodríguez, antropólogo.

Andrés Roldan, sociólogo

Gonzalo Saavedra, antropólogo

Ricardo Salas, filósofo

Mario Samaniego, filósofo

Lilian Sanhueza, trabajadora social

Juan Carlos Skewes, antropólogo

Maria Eugenia Solari, antropóloga

Sergio Toro, cientista político

Jorge Troncoso, antropólogo

Francisco Vega, cientista político

Olga Vásquez, antropóloga

Aldo Vidal, antropólogo

Guillermo Williamson, educador

José Manuel Zavala, antropólogo

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Álvaro Bello M.
Dr. en Antropología
Villarrica, Región de la Araucanía
Chile

Fono: (56-45) 414773
Móvil: (56-09) 82890251

http://www.flickr.com/photos/region-invisible/

www.laregion-invisible.blogspot.com

Uno es el saqueo propiamente tal de grupos de delincuentes “organizados” (esa palabra es muy importante) que aprovechan la crisis de seguridad del país para delinquir. Sabemos que no todos quienes saquean son finalmente lumpen, sino también personas que utilizan la excepción para satisfacer ya no necesidades básicas sino necesidades de consumo capitalistas.

Otra cosa es satisfacer necesidades básicas por parte de personas que no tienen lo suficiente para comida o agua. Personas que han perdido medios de subsistencia, ya que en la actual situación no sólo ha desaparecido el estado sino también las dimensiones formales e informales del mercado. Si no es posible intercambio económico no es posible satisfacer necesidades.

¿Deben las personas en esta situación esperar pasivamente que reaparezca el mercado y el estado? Es evidente que esto puede terminar atentando contra la propia existencia, más todavía en una situación de confusión agravada por la represión. Más que espantarnos porque las personas busquen mantenerse vivas deberíamos espantarnos por quienes han acumulado su egoísmo y lo defienden por medio de la violencia. Es más importante el capital acumulado que la existencia humana.

Es importante preguntarse si los valores tras los saqueos organizados (como se definieron en el primer tipo) son valores extraordinarios o una demostración de las consecuencias de la sociedad donde vivimos. El saqueo del capitalismo es una situación normal en sociedades como la nuestra y también la explotación de unos sobre otros. Lo único que ha cambiado con la crisis es la magnitud y los sujetos, los actores del saqueo, eso es lo que termina sintiéndose como ilegítimo.

Los actores “normales” del capitalismo lo que buscan es recuperar el control sobre la sociedad, organizando una falsa solidaridad mediática y a la vez promoviendo formas más o menos implícitas de represión que inevitablemente se extenderán más allá en el tiempo que la  actual crisis producida por el terremoto.

Debemos ser conscientes que nosotros mismos terminamos mostrando nuestros valores más auténticos: el racismo, el desprecio al diferente, el desprecio al pobre; los valores normales de nuestra sociedad.

Prefiero la solidaridad de los jóvenes que se organizan como voluntarios que todo el aparato empresarial que se organiza para lucrar con la crisis.

Hace poco se aprobó en Chile el convenio 169 de la OIT, acá se puede apreciar un caso en que la Corte SUprema del país falló en favor de un grupo de indígenas Aymaras, por la disputa sobre el derecho de propiedad del agua.

Los académicos de la  Escuela de Trabajo Social de la Universidad Católica de Temuco, deseamos manifestar públicamente nuestra preocupación por los últimos acontecimientos de violencia que se han vivido en la región de la Araucanía, en el marco de relaciones sociales caracterizadas por la intransigencia en las posturas planteadas, la incapacidad de establecer un diálogo activo y simétrico, junto al no reconocimiento e invisibilización de las demandas históricas y contemporáneas que afectan a nuestros hermanos mapuche.

Queremos señalar nuestra preocupación ante situaciones como:

1. El atropello sistemático de  los Derechos Humanos, a miembros de las comunidades mapuche, los cuales han sido violentamente reprimidos por la acción dirigida desde los distintos aparatos del Estado, obstaculizando un proceso de diálogo y negociación necesario e imprescindible para construir una cultura de la paz.
2. La violencia excesiva e innecesaria recibida por algunos estudiantes de nuestra Escuela, y de otras unidades académicas, en sus Hogares Estudiantiles y durante su participación en espacios de manifestación pacífica realizados en apoyo a las demandas del pueblo mapuche. Toda vez que su participación en estas constituye un ejercicio legítimo del derecho a la libertad de expresión.
3. Las distintas vulneraciones de derecho a niños y niñas mapuche, en el contexto de las acciones de represión en comunidades, donde éstos (niños y niñas) presencian cotidianamente los abusos y atropellos de que son víctimas sus familiares y sus autoridades tradicionales. En este sentido, debemos aprender de la experiencia de otros países (como Canadá), donde se ha comprendido que este tipo de relaciones de dominación y represión pueden llegar a constituir experiencias de Trauma Histórico, con heridas colectivas que traspasan generaciones y que son muy difíciles de sanar.

Queremos hacer una invitación al diálogo, partiendo por el reconocimiento de la diversidad. Asumir nuestra condición de país interétnico y pluricultural, invitar a los organismos del Estado a deponer la actitud de violencia (represión) y optar por la búsqueda de alternativas que permitan construir relaciones interétnicas basadas en el respeto y el reconocimiento al Pueblo Mapuche. La práctica del etnocidio, entendido como todo acto deliberado por erradicar o aniquilar una forma de vida propia de una cultura, ha sido experimentada en distintos espacios del mundo, con nocivas consecuencias para la convivencia humana.

En este sentido, el Trabajo Social históricamente se ha pronunciado a favor de la defensa y protección de los Derechos Humanos y su expresión en los ámbitos sociales, económicos y culturales de las personas. Principios como  la Libertad, Justicia Social, la Solidaridad, la Democracia y la Autodeterminación han sido valores que forman  parte de nuestro acervo y nuestro quehacer. Es por ello, que desde nuestra disciplina y profesión hacemos un llamado a revitalizar estos valores en la convivencia cotidiana en nuestra región.

En este sentido, queremos ser categóricos en señalar que, somos contrarios a cualquier expresión de violencia que pretenda legitimar una ideología, postura o convicción; más aún cuando la fuerza y la violencia es absolutamente desproporcionada y dirigida desde el Estado. Creemos firmemente en el diálogo e invitamos a quienes se encuentran hoy en los espacios de poder, a generar la condiciones necesarias para que este sea una realidad en nuestra región y a deponer los actos de violencia física, simbólica y moral que cada día cobran mayor presencia, vulnerando la dignidad y los derechos humanos de hombres, mujeres y niños.

ACADEMICOS/AS DE LA ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA DE TEMUCO

Declaracion Grito 2009

Posted in Alterglobalización, Ética Política, Colaboración, DDHH, Globalización, Movimientos Sociales, Participación, Pensamiento Decolonial, Política, Política Internacional ]]> http://helderbinimelis.net/2009/09/29/el-grito-contra-la-exclusion/feed/ 0 helderbinimelis grito http://helderbinimelis.net/2009/09/12/entre-el-convenio-y-la-autonomia/ http://helderbinimelis.net/2009/09/12/entre-el-convenio-y-la-autonomia/#comments Sat, 12 Sep 2009 16:36:26 +0000 helderbinimelis http://helderbinimelis.net/?p=555 ]]> A partir de mi última estadía en Chile el mes pasado y especialmente de las notas que tomé en el Seminario de la UCT sobre la Aplicación del Convenio 169 de la OIT, quiero comentar sobre dos procesos que se van a hacer muy relevantes en los próximos años. Las posibilidades prácticas de aplicación del Convenio como una vía política y legal para afrontar la situación del pueblo mapuche; y las crecientes demandas de autonomía alimentadas por las reacciones producidas tras el asesinato del comunero Jaime Mendoza Collio.

Ambos procesos son inseparables, conviven en un mismo tiempo, y evidentemente la tensión que se ha producido en las últimas semanas hace pensar en la imposibilidad de la aplicación del Convenio por la falta de voluntad política de las autoridades de turno, especialmente pensando en el giro a la derecha que está dando el país. El Convenio tiene claramente una dimensión política y que depende de la voluntad de las autoridades respecto a “hasta dónde llegar” en su aplicación, un tema muy relevante al pensar en la ejecución de proyectos empresariales y de infraestructura que afecten a las comunidades: ¿tendrán estas posibilidad de vetar los proyectos o sólo se hará un consulta simbólica que no impedirá la ejecución?

Va a ser muy importante, todavía dentro del ámbito político, la comparación entre la aplicación del Convenio y otros acuerdos internacionales de corte económico. ¿Qué derechos se defiende y hasta dónde llega la participación de los grupos económicos en la toma de decisiones? ¿Los derechos de quién terminan siendo más relevantes? Es evidente que la aplicación efectiva de cualquier acuerdo internacional va a beneficiar los derechos de algunos y a perjudicar los derechos de otros, el asunto es saber si finalmente hay un cambio efectivo en las relaciones de poder tras la entrada en vigencia del Convenio ahora en septiembre.

La otra dimensión del convenio, tal vez la más relevante, es que abre la vía judicial para la defensa de los derechos de los pueblos indígenas. Ya no se trata exclusivamente de la aplicación de políticas, sino también de que esas políticas que se contrapongan a las demandas y necesidades culturales de los pueblos indígenas, sean cuestionadas y revocadas judicialmente. El problema desde esta perspectiva (y es algo que le sucede a todo el mundo no únicamente a los indígenas) es el desconocimiento de los propios derechos, porque si no se conoce lo que se puede hacer legalmente en defensa de los propios derechos es casi como si esos derechos no existieran: hay que generar mecanismos, entonces, para que pasen del papel a la realidad.

La otra perspectiva, como decía antes, alimentada por las tensiones de la realidad social, es la demanda autonómica. Es importante precisar que el pueblo mapuche no tiene un liderazgo único, ya que en realidad una de sus características principales ha sido siempre la existencia de liderazgos locales, y que muchas veces tienen demandas contradictorias entre sí (entre otras cosas, este es un elemento que dificulta encontrar una solución política al conflicto).

En este sentido, las demandas de autonomía también son diversas. Tal como se discutión en el seminario, éstas van desde el básico reconocimiento constitucional hasta la libre determinación, pasando por demandas intermedias como mayores niveles de participación política y control sobre decisiones políticas, sociales, culturales y económicas en el ámbito local. Cualquiera de estas perspectivas entra en conflicto con el modelo clásico de estado unitario que se niega a reconocer que por sobre la igualdad de derechos hay una diversidad cultural y unas relaciones interculturales que afectan profundamente esas posibilidades igualitarias.

La demanda de autonomía es por tanto una vía que contradice no sólo la idea de un estado tradicional unitario, sino también el tipo de relaciones sociales, culturales y económicas que hay tras ese modelo. En realidad, precisamente uno de los puntos claves en la incomprensión de las demandas de los mapuches tiene que ver con los prejucios raciales que están implícitos en la lógica del mercado: El valor del trabajo y de la propiedad, que se sitúan como los valores correctos a seguir, y que en gran medida son opuestos a la valoración cultural de la tierra: Una relación que no implica control sobre el entorno.

Sea cual sea el camino a seguir, esperemos que al menos no tengamos que lamentar más muertes en el futuro.