Conferencia de Ken Shadlen sobre Propiedad Intelectual

Ayer jueves, gracias a la invitación del Dr. Becerra (último de la derecha) del IIJ de la UNAM, tuve la oportunidad de asistir a la conferencia de Ken Shadlen (el segundo, de camisa blanca) de LSE, titulada: “La economía política de la propiedad intelectual: conocimiento, desarrollo, patentes y comercio en perspectiva histórica“.

Como decía Shadlen al empezar, casi todos los que investigan el tema de la propiedad intelectual son abogados, y los que no, son economistas. Resulta realmente infrecuente encontrar a quienes lo aborden desde una perspectiva sociológica, y aquí tenemos una de esas interesantes excepciones.

Su distinción sobre las posibilidades de comparar entre leyes de propiedad intelectual nacionales, sujetas inevitablemente al principio de territorialidad (las leyes de propiedad intelectual son siempre nacionales y nunca transnacionales: si quieres protección en México, tienes que patentar en México), lo que genera un margen de variación también inevitable entre los contenido legales. Es ahí donde surge la posibilidad de generar procesos de comparación entre los países a partir de la variación en el nivel de protección que cada uno establece, prestando especial atención a las limitaciones sobre lo que es patentable y la relación entre los derechos de titulares de patentes versus los derechos de los usarios.

En mi caso, en el trabajo de comparación que inicio en mi tesis, he elegido una estructura similar buscando identificar los niveles de protección, los criterios de novedad y originalidad, los nuevos objetos de conocimiento reconocidos como patentables, los límites y exclusiones a la patentabilidad, y la relación de leyes de propiedad intelectual con políticas públicas nacionales y globales. Como puede apreciarse, a parte del vínculo con políticas públicas, todos los niveles pueden relacionarse de uno u otro modo con los dos criterios establecidos por Shadlen.

Por otra parte, resulta muy relevante la identificación que hace el investigador sobre los orígenes de los cambios en las leyes y políticas de propiedad intelectual a partir de los 90s. En propiedad intelectual hay una etapa inicial de internacionalización que culmina con la creación de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual y la etapa actual que se inicia con el vínculo “perverso” (?) con el comercio en el contexto de la OMC y los grandes tratados de libre comercio. Esta segunda etapa se inicia a partir de los intereses y motivaciones de grandes empresas transnacionales del área farmacéutica, biotecnología, agroquímica, software y del cine/música, los que presionan para generar este vínculo de la propiedad intelectual con el comercio a través de las negociaciones de la OMC en la Ronda Uruguay y de forma más rigurosa todavía en las negociaciones de propiedad intelectual del TLC con Estados Unidos firmado por varios países de América Latina. El principal problema, sobretodo de la vinculación a la OMC, es que implica una vinculación sin reservas (es decir, hay un compromiso de cumplir con determinadas exigencias, que si no se cumplen pueden generar sanciones comerciales), y por tanto generar consecuencias negativas para la integración de un país a la economía mundial.

Sin embargo, tanto los acuerdos en el contexto de la OMC (conocidos como ADPIC) como los vinculados con los tratados de libre comercio con Estados Unidos (conocidos como ADPIC plus) permiten un cierto margen de flexibilidad. Es decir, una cierta variación en los contenidos de leyes y de políticas públicas sobre propiedad intelectual. Aquí Shadlen identifica dos posibilidades de acción. Es evidente que las leyes de propiedad intelectual tienen que ver con las posibilidades de innovación de los países. Hasta cierto punto, la protección legal incentiva la innovación (y supuestamente con ella, el desarrollo nacional). Sin embargo, pasado cierto punto, leyes demasiado estrictas generan costos muy altos y por tanto, la innovación se estanca o disminuye. Aquí el problema es que las leyes de propiedad intelectual corresponden a países ya desarrollados, con niveles de protección coherentes con los niveles de gasto de esos países y en el contexto de nuestro subdesarrollo, lo que generan es un desincentivo a la innovación.

Frente a lo cual, según Shadlen, hay dos respuestas posibles. La primera es la que siguen habitualmente los países en desarrollo en la actualidad. Intentar aumentar sus capacidades de innovación y de investigación y desarrollo, tarea que en realidad tiene serias dificultades porque, finalmente implica una profunda transformación productiva de un país. La otra es la transformación de las leyes, pasando a niveles de protección de la propiedad intelectual más laxos, pero más coherentes con las cpacidades reales de innovación de los países, respuesta muy poco usual debido a la poca factibilidad de modificar leyes.

Desde mi perspectiva aparece además, una tercera posibilidad, aunque sólo para ciertos países que están adquiriendo la capacidad de negociación política en el nuevo contexto global. Esta posibilidad es modificar las condiciones globales del comercio (y con ello las de la propiedad intelectual). Es lo que ocurre con los países del BRIC, que empiezan ya a utilizar la propiedad intelectual como una herramienta de negociación para transformar las relaciones en la economía globalizada.

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